Violencia institucional, una deuda de la democracia

Tiempo estimado de lectura: 5 minutos La muerte del joven de 20 años Facundo Scalzo, un nuevo caso de gatillo fácil, vuelve a poner en duda el accionar de las fuerzas de seguridad en Argentina.

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Por Federico Esteban (federicoeest@gmail.com)

Un nuevo caso de gatillo fácil y violencia institucional ha sacudido al Barrio 1.11.14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la sociedad hace pocos días. Una vez más, videos que se volvieron virales registraron el abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad.

En este caso, el crimen de Facundo Scalzo, de 20 años, fue perpetrado por tres gendarmes, quienes, según el relato de la madre de la víctima, efectuaron cuatro disparos contra el joven, dos de ellos por la espalda. «Mataron a mi hijo y se me cagaban de risa en la cara», dice Andrea Scalengue, mamá de Facundo.

Pese a la versión dada por los agentes, la cual indica que asistieron al Barrio Rivadavia, lindante con la ex Villa 1.11.14, en el Bajo Flores, ante una llamada al 911 por un supuesto robo a una vecina, los culpables del episodio fueron detenidos e imputados por el delito de «homicidio calificado».

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Gendarmes impidieron que la familia se acerque a Facundo Scalzo.
(Foto Gentileza: Nueva Ciudad)

De esta forma, se abrió un sumario administrativo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. «No hay constancia de la denuncia de la vecina», explicó a Página 12 Yamila Cirigliano, coordinadora del Área Interdisciplinaria de la Dirección Nacional de Acceso a la Justicia.

“A Facundo lo fusilaron”

De acuerdo a la funcionaria, Facundo no tenía antecedentes penales. «Mi hijo no era chorro ni narco», afirma su mamá. Mientras que María del Carmen Verdú, abogada y titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), asegura que «a Facundo lo fusilaron».

Cirigliano, en tanto, relata la versión dada por los gendarmes: «Dispararon hacia las piernas, pero la médica que atendió al joven en el Hospital Piñero, donde murió a los pocos minutos de haber ingresado, le dijo a la madre de Facundo que tenía dos balazos en la espalda». Ahora se esperan los resultados de la autopsia.

«Esto es un crimen que debe ser sancionado judicialmente», asegura Verdú en diálogo con El Café Diario. Las imágenes captadas después del asesinato muestran al joven tirado en el piso, rodeado de agentes mientras sus familiares y conocidos, separados por el cordón de seguridad, piden auxilio a gritos.

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María del Carmen Verdú, titular de CORREPI.

Facundo estuvo herido de bala, tendido sin recibir ayuda alguna durante 50 minutos, en la esquina de Alfonsina Storni y Pasaje Roldán. Una vez que llegó el SAME, la madre pudo acercarse al cuerpo de su hijo pero se le negó poder acompañarlo en la ambulancia, camino al Hospital Piñero, donde murió poco después de llegar.

«Obviamente si matamos de esa manera estaríamos presos desde el primer minuto. Tratándose de gendarmes, nos queda la duda porque habitualmente se manejan criterios de libertad completamente diferentes que cuando se trata de personas comunes», agrega la titular de CORREPI.

Problema estructural argentino

La violencia institucional, problemática estructural desde el reinicio del sistema democrático en 1983 hasta nuestros días, se cobra la vida de otra persona. Y la justicia, parece no existir a partir de la diferencia en el criterio para sancionar a quienes debería.

«Hace 30 años que venimos diciendo que si se aplicara al conjunto de las personas sometidas a investigaciones judiciales el mismo criterio de excarcelación que se usa con personas de seguridad, se nos terminaría el problema carcelario porque quedarían todas las cárceles vacías. El 95 por ciento de los casos que logramos llevar a juicio salen en libertad», agrega Verdú.

«Es la regla no escrita de la Justicia y es uno de los datos que prueba por qué decimos que esto es política de Estado», continúa la titular del organismo. Según Verdú, desde el Gobierno de Raúl Alfonsín en adelante la violencia institucional es una problemática en crecimiento, «con picos que coinciden, no por casualidad, con los momentos de profundización de crisis económico sociales». En ese sentido, detalla que durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, en cada año se verificó un récord de casos de «gatillo fácil» respecto al anterior, llegando el promedio de una muerte cada 19 horas.

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En un acto de diciembre de 2019, CORREPI volvió a pedir por el fin de la represión policial.

Diagnóstico de situación represiva

En diciembre de 2019, con la asunción de la nueva gestión encabezada por el presidente Alberto Fernández, CORREPI fue convocada por el Ministerio de Seguridad de la Nación para conocer el diagnóstico de la situación represiva. «Entregamos una agenda urgente y necesaria. La veníamos planteando desde antes del cambio de Gobierno. Son las medidas que, si bien no van a resolver de fondo la cuestión de la represión, porque es una herramienta para el control y disciplinamiento de cualquier sistema con una sociedad dividida en clase, sí permitirían desandar lo que se avanzó en profundización represiva en los últimos cuatro años», explica María del Carmen Verdú.

Tiempo después, el 20 de marzo pasado, se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para evitar la propagación del virus COVID-19, y con él, la facultad atribuida a las fuerzas de seguridad para el cumplimiento correcto de la cuarentena.

A partir de un documento publicado en su página web, CORREPI se refiere al estado de situación actual de la violencia institucional en tiempos de confinamiento. Golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas son algunas de las denuncias hechas por el organismo, en las que se ven involucrados policías federales, provinciales, municipales, gendarmes y agentes de la prefectura. «Por un lado, hay menor cantidad de casos de gatillo fácil en proporción a 2019 ya que hay menos gente en la calle; pero al mismo tiempo, hay más de una docena de casos registrados durante estos noventa días de cuarentena», precisa la titular de la entidad.

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Según María del Carmen Verdú ha habido más de una docena de casos de gatillo fácil durante la cuarentena.

Cómo operan las fuerzas de seguridad

En un contexto mundial marcado por el crimen de George Floyd en los Estados Unidos, que provocó una ola de protestas en muchos países contra la violencia racial, la referente de CORREPI analiza el caso y pone sobre el tapete el factor de clase que opera en el abuso de autoridad. «Los Obama no son un caso de gatillo fácil, los negros pobres sí lo son. El problema es que la mayoría de los negros son pobres y la mayoría de los pobres son negros», sostiene la abogada en relación a la estructura societaria norteamericana.

De este modo, a partir de los hechos de violencia policial observados en el país a lo largo de más de treinta años, y siguiendo el razonamiento de Verdú, se pone de manifiesto cómo opera el accionar de las fuerzas de seguridad según la posición económico social que ocupe el ciudadano en cuestión.

Y, también, cómo se utilizan criterios diferentes a la hora de dictaminar una sentencia judicial de acuerdo a si se trata de un agente o de un simple vecino. Mecanismos que se estructuran de un modo u otro, respetando una misma lógica: la diferencia de clase, característica intrínseca del capitalismo.

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