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Vacunas, operaciones sucias y negociados

Tiempo estimado de lectura: 5 minutos

Por Rodolfo Colángelo (rodocolangelo@yahoo.com)

La feroz embestida contra el Plan de Vacunación iniciado por el Gobierno Nacional contra el COVID-19 tiene dos objetivos básicos: campaña electoral rumbo a los comicios legislativos de octubre, y negociados alrededor de las vacunas.

Después del traspié de Ginés González García, exministro de Salud de la Nación, expuesto por el periodista Horacio Verbitsky, quien reveló que había recibido la vacuna como favor del ahora renunciado funcionario, salieron a la luz una serie de operaciones que conviene detallar para comprender lo que está en juego.

El «veneno» de la Sputnik V

Apenas se conoció el acuerdo del Gobierno Nacional con Rusia para la compra de la vacuna Sputnik V, la diputada nacional Elisa Carrió denunció ante la Justicia al presidente Alberto Fernández por «envenenamiento», demanda que fue rechazada por los jueces, pero que tuvo un impacto alto en los medios de comunicación.

Aprobada la vacuna rusa por la prestigiosa revista científica ‘The Lancet’, desde la oposición se inició un reclamo para que se aceleraran los tiempos de entrega de la vacuna a la Argentina, es decir, pasó de ser un veneno a una salvadora de vidas.

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El Presidente Alberto Fernández, durante su viaje a Chubut este fin de semana para anunciar medidas de ayuda e informarse sobre el alcance de los incendios en la provincia.
(Foto: Presidencia de la Nación)

Carrió enfrenta una denuncia por atentado a la salud pública de parte de abogados del Frente Grande de Córdoba. La mira está puesta ahora sobre la vacuna china Sinopharm a la que califican de «poco confiable», que ya se aplica en el país.

Al momento de escribir esta nota, 2.098.205 ciudadanos ya se habían vacunado en todo el país, según el Monitor Público de Vacunación.

El negocio de la privatización

Desde la oposición se alienta un proceso de privatización de las vacunas para que pasen a ser una mercancía sólo apta para quienes puedan pagarlas.

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Elisa Carrió, elemento fundamental del que dispone Mauricio Macri y la cúpula del PRO para agitar campañas contra el gobierno liderado por Alberto Fernández.

En primer lugar conviene tener en cuenta que el Laboratorio Pfizer le exigió al Gobierno que para arribar a un acuerdo sobre su vacuna se debía poner como garantía el Glaciar Perito Moreno y un permiso de libre pesca en aguas argentinas. ¿Por qué un laboratorio pediría la garantía de un glaciar y pesca libre en los mares argentinos? ¿Cuál era su interés?

Es que Pfizer pertenece al fondo buitre Blackrock, cuya sede central se encuentra en Nueva York y es considerada como la más grande del mundo en gestión de activos. Vacunas a cambio de agua y negocio de la pesca, esto es, primer indicio de intereses comerciales y financieros sobre la salud de millones de personas, que fue rechazado por el Gobierno Nacional.

Segundo capítulo de lo que asoma como maniobra poco clara: el gobierno porteño liderado por Horacio Rodríguez Larreta distribuyó a obras sociales y empresas de medicina prepaga líderes en el mercado dosis de vacunas exclusivamente para sus afiliados mayores de 80 años. Así, recibieron las dosis el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, el Sanatorio Güemes, el Hospital Británico, OSECAC, y OSBA.

Algunas de estas entidades dejaron en claro que sólo recibirían las vacunas aquellos afiliados que tuvieran sus cuotas al día. Conclusión: más de 10 mil dosis que son gratuitas y adquiridas por el Gobierno Nacional fueron a parar a los centros de salud privados que además le piden a sus socios que antes de vacunarse paguen el dinero que deben, con el consiguiente aumento que han ido practicando sobre las cuotas durante la pandemia a pesar de la prohibición de hacerlo por parte del Ejecutivo Nacional.

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Horacio Rodríguez Larreta (jefe de gobierno porteño, izqda)
y Fernán Quirós (ministro de Salud de la CABA, der).

Que paguen los que puedan

Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, fue directa: dijo ante las cámaras de televisión que las empresas de medicina prepaga deben ser habilitadas para adquirir vacunas y cobrárselas a sus afiliados al precio que quieran, y quien no pueda pagarlas, que le pida un subsidio al Estado. En el mismo sentido se manifestó Alfredo Cornejo, titular de la UCR.

Lo que ha de ser un bien de salud universal ante la magnitud de la tragedia que vive el mundo desde el inicio de 2020 -como lo han sido las vacunas Salk y Sabin-, para estas personas, de acuerdo a esta concepción mercantilista, debe quedar reducido solamente a un sector de la población con buenos ingresos.

La Operación Sarlo

Beatriz Sarlo, conocida ensayista, quedó atrapada -de manera consciente o inconsciente- en una operación política lanzada desde los medios de comunicación contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Soledad Quereilhac, su esposa, cuando aseguró en el canal TN del Grupo Clarín que le habían ofrecido vacunarse «por debajo de la mesa», a lo que respondió: «prefiero morir ahogada por el COVID antes que faltar a la ética».

Poco tiempo después de esta declaración fue citada por un fiscal para que revelara quién le había realizado el ofrecimiento. La citación fue impulsada por Luis Majul, conductor de un programa de televisión, quien contactó al fiscal para que la convocara, según declaró el propio Majul.

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El presidente Alberto Fernández encabeza en la Casa Rosada una nueva reunión del Comité de Vacunación contra el coronavirus. (Foto: Presidencia de la Nación)

En los Tribunales, Sarlo se desdijo y señaló que el ofrecimiento le había llegado por parte de su editor de Siglo XXI, quien a través de un intercambio de correos le explicó que se trataba de una campaña del gobierno bonaerense para que personalidades públicas se vacunaran ante las cámaras para sembrar confianza en la población frente a la ola de confusión y sospechas sobre la eficacia de las vacunas. «Es una campaña clara y transparente», le dijo el editor.

Tras conocerse la declaración de Sarlo, quien dijo que se debía una dura autocritica por sus dichos, el diario Clarín insistió en su portada con que la esposa de Kicillof fue quien le había ofrecido a la ensayista vacunase «de manera VIP».

Sarlo, abonada al Grupo Clarín, quedó inmersa en un juego oscuro desde el que el Plan de Vacunación se politiza al extremo por un juego de poderes que apunta en una primera etapa a las elecciones de octubre.

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