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Qué se esconde detrás del proyecto de ley en contra de los trabajadores

Tiempo estimado de lectura: 6 minutos

Por Dr. Sergio Omar Rodríguez (sergio_rodriguez4@hotmail.com)

Edición: Florencia Romeo (florenciaromeo06@gmail.com)

El diputado nacional Héctor Antonio Stefani (PRO – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley que va en contra del espíritu protectorio que tienen las leyes laborales en relación a la regulación legal de la indemnización de trabajadores despedidos sin justa causa.

A través del referido proyecto de ley, la oposición intenta imponer como tema de agenda de debate público la implementación de un sistema indemnizatorio basado en un Seguro de garantía de indemnizaciones (SGI), que modificaría sustancialmente el mecanismo actual de reparación indemnizatoria.

Análisis de constitucionalidad del proyecto

Sin ánimos ni tenor de entrar en ninguna discusión de índole política, (que desde ya seguramente es el motor principal por el cual se impulsa este proyecto de tamaña incongruencia con el espíritu constitucional de las normas laborales), cabe resaltar que el proyecto presentado no resiste análisis alguno de constitucionalidad.

Las indemnizaciones laborales surgen de la protección constitucional establecida en el artículo 14 bis, que obliga al legislador a sancionar leyes que protejan al trabajador frente al despido arbitrario de sus empleadores. El trabajo, como bien jurídico tutelado, es un objeto de mayor valor que el que se le suele otorgar, sólo mercantilista.  

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La Ley de Contrato de Trabajo argentina protege la estabilidad laboral de los trabajadores.

Asimismo, cabe mencionar que la doctrina laboral -no sólo nacional sino incluso la internacional- reconoce en el trabajador al sujeto con mayor debilidad en la relación contractual laboral y que debe tener mayores protecciones a base de la relación de poder dispar que lo une con el sujeto empleador.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un precedente muy reconocido, en «Aquino, Isacio v. Cargo Servicios Eficientes S.A. s/ accidentes – Ley 9688 (2004)» estableció que «el trabajador es el sujeto de preferente tutela» de la relación laboral.

Qué dice la ley

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece entre sus artículos distintas cuestiones relacionadas respecto de cómo se deben vincular empleadores y trabajadores, en el marco de una relación laboral. En honor a la brevedad, podríamos resumir que el artículo 10 de la LCT establece un principio de continuidad (o conservación), por el cual las partes deben bregar por la continuidad del vínculo laboral.

Asimismo, la propia ley establece en el artículo 62 un deber de cooperación recíproco por el cual ambos sujetos del contrato están obligados a cooperar para la supervivencia del vínculo.

En el marco de lo que respecta a la faz extintiva del contrato de trabajo, queda mencionar el artículo 90 que establece que los contratos «en líneas generales» se presumen por tiempo indeterminado, lo cual en términos técnicos implica definir como la consagración del sistema de la estabilidad propia relativa, que permite que en la República Argentina se pueda contratar a un trabajador por tiempo indeterminado y prescindir de él a través del pago de una indemnización de orden tarifada.

Dicha indemnización se consagra en el artículo 245 que el legislador decidió cuantificar a través de un mecanismo de antigüedad. Es decir, que el trabajador cobrará un monto en concepto de reparación que surge objetivamente según su antigüedad laboral, multiplicando la misma por un valor de remuneración base (la mejor de los últimos 12 meses) que haya tenido con dicho empleador.

Cabe mencionar que el mecanismo vigente no consagra una reparación integral, sino una reparación tarifada, que muchas veces no condice con el daño generado por el despido. Esto tiene que ver con el equilibrio que se buscó en estas normas, desde el punto de vista legal, para equilibrar la balanza en favor de que se alineen con el deber de reparar y la posibilidad de que eso no implique un fin de actividades del empleador.  

Aun así, para que el sistema funcione, debe estar alineada de manera concatenada la estructura macro y microeconómica, social, cultural, previsional e impositiva, a lo que surge una pregunta: ¿acaso no da rédito político empezar por ahí?

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Un proyecto de ley de un diputado del PRO propone reemplazar las indemnizaciones por un seguro.

Aspectos de la reforma

Una de las características fundamentales del sistema indemnizatorio tarifado de la actualidad tiene que ver con la inmediatez del pago, ya que el empleador debe abonar en 4 días hábiles conforme el art. 255 de la LCT. Esto representa un factor crucial respecto a la inflación endémica que deteriora no sólo el poder adquisitivo del salario, sino que hace que se deprecie cada vez de forma más acelerada el valor de la moneda nacional mes a mes.

El sistema propuesto en la reforma pretende abdicar el derecho del trabajador a disponer plenamente su reparación y diferírselo en un pago mensual que se agota con la cuantificación del cálculo del artículo 245, es decir el cálculo por antigüedad. De esta manera se afecta la capacidad de reparación del daño inmediato que refiere un despido sin causa de un trabajador y en especial aquellos que tienen mayor antigüedad.

Como si no fuera suficiente lo referido, la reforma además atenta contra la prerrogativa constitucional de la protección de los trabajadores contra el despido arbitrario. Esto se logra únicamente haciendo que el empleador sea el responsable directo del pago de las indemnizaciones, hecho objetivo que se desvirtúa cuando se lo limita apenas al pago de un seguro, dejando sin efecto el principio de prevención y la función inhibitoria que tiene la norma laboral vigente para generar despidos.

Lamentablemente, este proyecto de ley no implica una solución sustancial y de fondo al problema del empleo en la República Argentina, porque ni siquiera afecta interdisciplinariamente áreas como la carga impositiva, el sistema previsional, el sistema general de la economía y la crisis política endémica que caracteriza al país.

La realidad es que la clase política está queriendo hacer un simplismo de una temática que tiene que tener una solución interdisciplinaria y que cuando se recorre una pyme o una gran empresa la principal crítica que se le hace al sistema formal del empleo es el exceso de cargas impositivas, en lo que es la declaración mensual de cargas y contribuciones patronales que deben afrontar los empleadores y trabajadores para poder sustentar el Sistema Único de la Seguridad Social.

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La estabilidad laboral de los trabajadores está protegida por la Constitución Nacional.

La lógica de los legisladores que presentaron el proyecto es básicamente que si el problema (a su criterio) son las indemnizaciones laborales, entonces eliminemos las indemnizaciones, lo cuál es un argumento absurdo fundado en una falacia.

Si no, se podría decir que si el problema son las gravosas cargas sociales, entonces eliminemos el Sistema Único de la Seguridad Social, propuesta que a nadie con cordura y espíritu ciudadano se le ocurriría presentar. Al menos hasta ahora, ya que uno se permite dudar después de observar proyectos como el del diputado macrista Stefani.

Lo que se debe hacer

En vez de reformular el sistema indemnizatorio, quizá hay que pensar en darles herramientas a los empleadores para que puedan sostener el empleo a largo plazo. Esto tiene que ver, por ejemplo, con reducirles sistemática y programáticamente las cargas sociales para mantener a los empleados sin que esto afecte el financiamiento del Sistema Único de la Seguridad Social.

Para ello, la reforma que debe hacerse es la que represente un esfuerzo verdadero y genuino de parte del Estado, que es a través del redireccionamiento de fondos de otros impuestos vigentes (sobre en todo en nuestro país, que es uno de los que tiene mayor cantidad de impuestos en el mundo) para poder solventar un porcentaje de los altos costos que afrontan los empleadores con sus cargas impositivas.

Así como quieren delegar las indemnizaciones a aseguradoras, esta propuesta superadora implica delegar la mitad de las cargas sociales en lo ingresado por impuestos vigentes, que en la actualidad se estén implementando para temas no más urgentes que el trabajo de los argentinos.

Es una medida de alivio, pero, además, un guiño de confianza para quien produce y quien da trabajo e invierte en el país.

Es inconstitucional que los empleadores dejen de pagar indemnizaciones, pero es constitucional que los empleadores dejen de pagar impuestos en exceso.

Esta propuesta que hago ni siquiera llega al carácter de reforma, sino que es una medida asertiva de reordenamiento de prioridades a través de la reconducción de fondos de la recaudación impositiva para solventar costos fijos, establecidos para mantener el sistema único de la seguridad social, que es un sistema de asistencia a la gente, por ende, el soberano.

Esa es la reforma que tiene que apuntalar la Argentina y ese es el auxilio que los empleadores necesitan para combatir realmente el desempleo. Quitarles a los trabajadores el derecho de la reparación frente al despido arbitrario no es solución alguna, sino que es una medida desacertada técnica y contextualmente, y que solo persigue generar noticias de impacto más rimbombantes a efectos políticos, pero sin generar una solución genuina posible, que es lo que la sociedad realmente espera y necesita.

Atacar el problema siempre por las oportunidades periféricas, por los eslóganes o por «los fetiches de campaña» nunca conforma un proyecto genuino de país.

Lamentablemente, el proyecto de ley que intenta desregular uno de los institutos más importantes de la ley nacional laboral denota una raigambre técnica pobre, con un desconocimiento supino del derecho constitucional laboral, además de una plataforma fáctica de efectos que son adversos a los que los diputados, entiendo, quieren pregonar.

Será cuestión de tiempo para que la prudencia y el conocimiento técnico de un sistema protector de parte de los especialistas en materia laboral pongan fin a esta absurda propuesta.

2 comentarios en «Qué se esconde detrás del proyecto de ley en contra de los trabajadores»

  1. Como dice la nota, la relación empleado y empleador es una relación de poder claramente a favor del empleador. La reforma laboral propuesta e inconstitucional lo que hace es dejar en claro la vulnerabilidad de los trabajadores

    1. Exactamente Liliana, excelente aporte, y además el espiritu del legislador apunta a que de haber reformas, sean en consonancia de ampliación de derechos de los trabajadores, nunca en su detrimento, eso se denomina principio de progresividad. Te Saludo cordialmente. Ab. Sergio Omar Rodríguez

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