La necesidad urgente de cambiar las reglas del juego del mercado inmobiliario

Tiempo estimado de lectura: 6 minutos Una instalación escénica e historias personales que dan cuenta de la necesidad de regular el mercado inmobiliario para hacer cumplir la Ley de Alquileres.

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Por Rita Piris (gisepiris@gmail.com)

Si hasta ahora la diferencia entre los ingresos y el costo de alquilar una propiedad era desproporcionado, la situación actual de desempleo, baja de salarios, despidos y crisis económica ha generado un colapso entre inquilinos que no cesan de acumular deudas de alquiler, expensas y servicios. Si bien este año se ha sancionado la Ley de Alquileres protectora para el sector, la misma resulta insuficiente, la necesidad se agudiza y aún no se ve garantizada ni controlada por el Estado Nacional ya que el aumento inicial de las propiedades en alquiler ha escalado hasta un 70% en muchos casos con respecto a 2020.

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Inquilinos Agrupados, y un reclamo tan necesario como original.

Al calor de una Ley bastardeada

En la Plaza de Mayo hacen 34° de temperatura. Los asistentes a la intervención artística convocada por Inquilinos Agrupados se acomodan entre los muebles colocados que representan una vivienda a cielo abierto. Se ven ubicados un somier, plantas, mesas, muebles y hasta una heladera y lámparas de pie. Todo transcurre entre actores y actrices que se desplazan con cajas. Grafican la dinámica habitual que se da cada dos años, cada vez que hay que buscar un nuevo hogar cuando no se es propietario. Si bien el deplazamiento sólo parece ser de objetos personales y muebles, implica mucho más que eso. Los niños y el cambio de colegio, el alejamiento de sus círculos de amistades, la reorganización familiar, el lugar de pertenencia convertido en escenario ambulante.

Varias historias se van sucediendo en una especie de living montado con pallets donde los inquilinos de diferentes barrios son entrevistados y cuentan sus experiencias. «El alquiler se lleva se lleva más de la mitad de nuestro ingreso familiar, mientras tanto las reglas contractuales no se están cumpliendo. Ni siquiera tenemos una copia del contrato y no sabemos si el contrato está rubricado como lo exige hoy la ley», manifiesta Bruno, un vecino de Balvanera que subraya la importancia de la política y la organización de los vecinos como herramienta para ejercer el poder ciudadano de forma colectiva y visibilizar esta realidad urgente.

Bruno cuenta que vivió en casi todos los barrios de la Ciudad y asegura que la mudanza permanente es vivir en la incertidumbre. Sobre todo, cuando no hay un control del sector del mercado inmobiliario que se enriquece incluso en una situación tan límite como es una pandemia.

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Inquilinos denuncian el abuso de los propietarios y la vista gorda del Estado.

Continúa la intervención. Un actor vestido de negro con un cartel donde se lee ‘Mercado Inmobiliario’, sostiene un paraguas también negro en su mano para protegerse del sol. No casualmente este personaje destaca la protección frente a otros que se encuentran tirados en el suelo con sus pertenencias, que dan la sensación de haberse quedado en la calle.

«Hoy esta puesta en escena es una representación de cómo podríamos estar mañana, a la intemperie, sin derechos garantizados y en una situación de total abuso por parte del sector inmobiliario», expresa Marina, otra de las vecinas asistentes a la performance. Relata que junto a Ariel, su compañero, se acaban de ir del departamento que ocupaban porque a la hora de renovar el contrato, el propietario aumentó en más de un 70% el precio de alquiler. «Explicarle a nuestros hijos que el lugar no es propio y desbaratar la vida construida en el barrio, alejarles de sus amigos, de su escuela y de sus actividades resulta apremiante para el desarrollo normal de los niños», sentencia Marina.

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Cerca de La Casa Rosada, para visibilizar un problema que nadie aborda.

La mentira de las financieras sin respaldo

Según una encuesta publicada por la asociación Inquilinos Agrupados el 49% de los inquilinos tiene problemas para pagar el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires y el 67% se encuentra endeudado o recibiendo ayuda o préstamos para afrontarlo. A pesar del decreto 320/20 que se prorrogó hasta marzo de 2021, que congeló los precios de alquileres e impide los desalojos, el panorama es muy incierto y los vecinos se siguen endeudando.

Con el hashtag #nosquedamos la organización Inquilinos Agrupados convocó mientras tanto a promover esta campaña «en respuesta a los propietarios que arbitrariamente ante los abusos nos extorsionan diciendo ‘si no te gusta ya sabes'», declara Gervasio Muñoz, representante de la asociación, quien además denuncia el negocio rentable de las financieras que venden garantías de alquiler acordadas previamente con el mercado inmobiliario, que pide muchas veces como requisito estos seguros de caución exclusivamente. «El mercado plantea la necesidad del seguro de caución y las financieras le ofrecen la solución, negocio redondo», asegura Muñoz.

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Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

Gervasio Muñoz se refiere a organizaciones como Finaer S.A. sin nombrarlas. Una empresa que se promociona como vendedora de «sistemas de garantías para alquilar» pero cuyos servicios no están auditados, razón por la cual, ante un problema económico severo, no cuenta con el respaldo con el que sí cuentan las empresas aseguradoras especializadas, que están monitoreadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las empresas de seguros dedicadas a la Caución de Alquileres, como por ejemplo Foms S.A. están obligadas desde su creación a firmar un compromiso con una reaseguradora que se haga cargo de su cartera de clientes en el caso de presentarse una crisis. Ninguna financiera está blindada de esa manera, y en la historia argentina sobran ejemplos de empresas que han bajado la persiana llevándose el dinero de sus clientes sin mediar explicación.

Por otro lado, destaca que si bien la ley 27.551 sancionada este año implica una ampliación de derechos de los inquilinos, falta un largo trecho para solucionar los problemas habitacionales que implican urbanizar los barrios populares, las villas, y construir viviendas para dar una solución de fondo. «Después de la sanción de la Ley de Alquileres aún no se ha reglamentado el artículo que prevee registrar los contratos. Esto está íntimamente ligado al anonimato que siempre han procurado los empresarios que viven del negocio inmobiliario», destaca Muñoz, y plantea que esta situación converge en un negocio rentable de una élite cada vez más pequeña y que necesita que esto transcurra en las sombras.

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La Ley de Alquileres se sancionó pero no hay regulación alguna.

Abuso, desidia, deudas y pobreza creciente

Lucas es otro vecino que asiste a la actividad de protesta en Plaza de Mayo, pero además es trabajador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Se acomoda en los sillones improvisados con pallets y comenta la necesidad de conformar un órgano protector que se ocupe de controlar y garantizar la ley de alquileres. «El escenario actual es distinto a otros; hay herramientas que deben ponerse en marcha para hacer cumplir la Ley, que hoy no se está ejecutando», manifiesta, y da cuenta de la investigación llevada a cabo junto a la UNSAM mediante una encuesta, de donde se desprende que la merma en los ingresos en los hogares ha aumentado la pobreza sobre todo en hogares de inquilinos.

«Se han acumulado deudas y esto genera un combo muy complicado. En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat tiene que tomar cartas en el asunto y además, desde el Estado deben manejar datos certeros para determinar las políticas públicas necesarias que permitan abordar el problema habitacional y garantizar esta ley, que está siendo bastardeada desde sectores que protegen a los poderosos», expresa Lucas.

Se suceden durante más de una hora relatos de desalojos, tratos deshumanizados, costos de alquileres aumentados arbitrariamente y consecuencias impuestas por los propietarios a los inquilinos por hacer uso de los decretos protectores durante la pandemia. Estas historias concluyen en la necesidad de entender que lo que le sucede a la mayoría de los inquilinos no es un problema individual y que la participación política y la posibilidad de expresarse y organizarse es un camino viable para cambiar las reglas del juego.

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