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Grandes fortunas: lo que hay que saber del Aporte Solidario

Tiempo estimado de lectura: 4 minutos

Por Juan Andrés Litwin (juanandreslitwin@gmail.com)

El proyecto del Aporte Solidario y Extraordinario o impuesto a las grandes fortunas ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Sin embargo, aún divide a la sociedad y a la gran mayoría de los dirigentes políticos de la Argentina.

«En primer lugar hay que aclarar que no estamos hablando de un impuesto, como se establece en el espíritu de la norma», defiende la iniciativa la diputada Blanca Osuna, representante del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos.

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Diputada nacional Blanca Osuna (Frente de Todos).

Osuna continúa su argumentación a favor del proyecto, al cual considera un paso adelante hacia una política tributaria más redistributiva: «la fuerza del proyecto está en su criterio fundante, que es el aporte de los que más tienen hacia los que menos tienen».

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El proyecto de ley ya obtuve media sanción en la Cámara de Diputados.

Además, justifica la naturaleza de este aporte por el contexto en el que se encuentra inmerso Argentina: «estamos en una etapa de crisis heredada y asumida sin elección por la pandemia».

A quiénes alcanza el aporte

La diputada Osuna explica que «el dictamen en comisión deja en claro que sólo estarían obligados al aporte extraordinario las personas físicas que tengan un patrimonio declarado y valuado en 200 millones de pesos, como lo establece la propia norma».

El equivalente a 2.300.500 dólares aproximadamente, si se toma como referencia la cotización oficial del dólar (AR$86,6). El número baja a prácticamente la mitad si se toma al valor del blue en el mercado paralelo (AR$160) y se transforma en 1.250.000.

Más allá de la comparación con la moneda americana, los valores que se toman para hacer el cálculo y saber si un individuo debe pagar o no, se basan en la valuación fiscal de los bienes declarados, donde la mayoría se encuentran muy por debajo del valor real del mercado.

Según los números que maneja Osuna, serán 9 mil personas las alcanzadas por esta iniciativa. También la diputada asegura que «el 50 o 60 por ciento de lo recaudado lo aportarían 253 individuos».

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Diputado nacional Carlos Heller, autor del proyecto de ley.

El destino de los fondos recaudados

Osuna sostiene que «respecto a la redistribución de lo recaudado, se va a destinar a desarrollos, inversiones fiscales y estatales que vayan en busca de las mejoras en las condiciones de quienes menos tienen». Más en detalle, el proyecto de ley establece, en el artículo 7, los destinos del dinero recolectado por el pago:

El punto más polémico sobre el destino de los fondos es la financiación de proyectos de la empresa YPF, con mayoría de participación estatal. Por su parte, la diputada del Frente de Todos afirma que «durante la sesión en la que se trató el proyecto en la Cámara Baja, se dejó en claro que no sólo se trata de YPF sino también de proyectos que aprueba la Secretaría de Energía de la Nación».

* Un 20% se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

* Un 20% para subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas.

* Un 20% destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación.

* Un 15% a los habitantes de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

* Un 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de la mano con YPF.

Además, justificó este punto al exponer que «ese desarrollo energético está en la base del desarrollo humano, económico y social de la Argentina. No es a favor de una determinada empresa o algo aislado del beneficio del conjunto de toda la sociedad, al contrario».

Los aspectos judiciables del proyecto

El proyecto remarca, a lo largo de todo su articulado, que el aporte o impuesto se hará en función de los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019, por lo que establece un efecto retroactivo y en ese punto radica uno de los mayores conflictos de esta iniciativa legislativa. Por esto, es altamente probable que se trate de un aspecto que se terminará de discutir en los tribunales.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece, en el artículo 7, que «las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales». Dentro de dichas garantías está incluida la inviolabilidad de la propiedad privada, en su apartado número 17.

La diputada Osuna enfatiza en que el tema de la retroactividad se está interpretando bien y explica que «las declaraciones juradas presentadas al 31 de diciembre el 2019 son las que sirven para hacer los cálculos aproximados. Seguramente en la aplicación de la norma, serán las declaraciones juradas actualizadas las que deberán ser tenidas en cuentas para el cobro final».

Además, la legisladora relativiza las posibles acciones judiciales que pudieran recaer sobre esta Ley en caso de sancionarse, porque  «en realidad, cualquier norma es judiciable y están en su derecho quienes vayan en esa dirección».

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