Ley Olimpia, cárcel a quien comparta material íntimo sin consentimiento

Tiempo estimado de lectura: 4 minutos El Senado mexicano aprueba la Ley Olimpia que combate la violencia digital, mediática y la violación a la intimidad sexual. El alcance de las sanciones.

Tiempo estimado de lectura: 4 minutos

Por Fernanda Galarza (fernandagafi@gmail.com)

Un hecho importante e histórico, principalmente para las mujeres, acontece en México después de que la Ley Olimpia haya sido reconocida y a partir de 2020 pase a ser aplicada en todo el país. El Senado da un paso decisivo para aprobar una ley que combate la filtración, publicación y diseminación de imágenes y vídeos íntimos sin consentimiento. 

Con 87 votos a favor, el Senado aprueba combatir la violencia digital contra mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes, e incluye de igual manera la violencia mediática y la violación de la intimidad sexual. 

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Festejos tras la sanción de la Ley Olimpia.

Se estipula que el ahora delito sea castigado con penas que van desde los 3 a los 6 años de prisión, y con multas que oscilan entre los 43.440 y los 86.880 pesos mexicanos (es decir, entre 2.130 a 4.262 dólares aproximadamente) a quienes graben video o audio, fotografíen, impriman o elaboren, divulguen, compartan, distribuyan o publiquen imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, aprobación o autorización. 

Además, el mínimo y el máximo de dicha sanción se incrementará cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubino o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. 

También se aplicará cuando el ilícito lo cometa un servidor público en ejercicio de sus funciones; se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo; o cuando la víctima atente contra su integridad o su propia vida como consecuencia de las agresiones sufridas. 

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La Ley Olimpia dispone fuertes multas y hasta cárcel.

Senadoras como Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, manifiestan que Internet debe ser un espacio seguro, por lo que la aprobación de esta propuesta marcará un hito para que ninguna mujer vuelva a pasar por las agresiones que soportan actualmente en el ámbito digital, las cuales atentan contra su dignidad e integridad. “El futuro de México será libre de violencia para las mujeres, o no será”, ha sentenciado.

La representante del Partido del Trabajo, Nancy de la Sierra Arámburo, expresa que “el machismo también ha invadido internet y las tecnologías de la información, donde un sinfín de agresores han compartido y propagado contenido íntimo sexual de miles de mujeres”.

En cuanto al Partido Verde Ecologista de México, la senadora Verónica Camino Farjat advierte que sus homólogas también son víctimas de violencia digital y mediática porque reciben amenazas o burlas por sus expresiones: “esto debe parar porque también afecta la vida democrática de México”

Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha hecho un llamado para expedir la Ley de Ciberseguridad como un complemento para «blindar» al país de la violencia digital. 

Como garantía a la integridad de la víctima, el Senado establece que la o el Ministerio Público, la jueza o juez, ordenarán de manera inmediata, como medida de protección, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o vídeos relacionados con la investigación a las empresas de plataformas digitales, a los medios de comunicación, las redes sociales o páginas electrónicas, y las personas físicas o morales. Por lo que éstos darán aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, que será inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial.

El dictamen modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal, que regresará a la Cámara de Diputados para ser enriquecido, y aprobado en aquellos apartados que se modifiquen respecto al dictamen original.

Detalles de la Ley Olimpia, iniciativa que expone a los misóginos

En México, la Ley Olimpia sanciona:

  • El vídeo grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar vídeos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.
  • Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o vídeos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.

Origen e impulso de la Ley Olimpia

Fue impulsada por Olimpia Coral Melo, quien a sus 18 años fue víctima de violencia digital, cuando un vídeo sexual en el que aparecía fue difundido sin su consentimiento. Esto, provocó que se encerrara en su casa por ochos meses e intentara suicidarse en tres ocasiones a causa de las críticas que sufrió. 

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Olimpia Coral de Melo, víctima a los 18 años del la violación de su intimidad digital.

A raíz de esa situación, se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de Puebla, de donde es originaria, y tipificar tales conductas como violación a la intimidad, acción que se ha replicado en 25 de las 32 entidades federativas hasta ahora. 

Cabe mencionar, que, gracias a la aprobación de esta Ley en varios Estados, se ha podido castigar a sujetos que han difundido fotografías o vídeos de algunas chicas.

El caso más reciente se dio en Coahuila, donde un universitario ha sido condenado por haber difundido y lucrado con la venta de los contenidos íntimos de cinco alumnas de su propia universidad, en un mercado de explotación sexual. A través de las redes sociales ofertaba sus packs (paquetes de fotografías íntimas), y recibía dinero por el pago de cada uno de ellos. 

La condena refleja multa de 700 días de salario, que corresponde a una cifra entre 56.000 y 420.000 pesos mexicanos (de 2.745 a 22.605 dólares aproximadamente), el pago de reparación del daño a las víctimas, y pena de cárcel de tres años, aunque con derecho a libertad debido a que los abogados de las víctimas así lo han convenido durante el proceso judicial.

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