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La sed política

Tiempo estimado de lectura: 8 minutos

Por Ariel Robert (arielrobert1@gmail.com)

Mendoza. Minería. Política. Preacuerdos. Acuerdos. El agua. Y una amenaza. Grandes interrogantes despertaron a decenas de miles de mendocinos que se movilizaron y manifestaron para preservar una ley. La crónica demanda describir mucho tiempo. 13 años atrás, durante la gestión del por entonces gobernador Julio Cobos, se sancionó en Mendoza la Ley 7.722. Específica. Breve. Contundente. Prohibitiva.

Minería aquí, no

Esta ley definió que en Mendoza no se podrían utilizar algunas substancias químicas en la actividad minera. O sea, el impedimento se circunscribe al uso de estas substancias inevitables en la minería metalífera, sin alcanzar otras actividades en las que también se requiere de esos elementos. Cianuro y ácido sulfúrico, principalmente. Y como Argentina es uno de los 74 países que adhirió al Convenio de Minamata (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) también queda excluido el mercurio.

La minería metalífera a cielo abierto , “mega minería” como se la apoda desde los sectores ambientalistas, insinuaba proyectos de gran dimensión, inversiones cuantiosas y promesas de empleo muy tentadoras para la situación declinante que padece Mendoza, desde hace demasiados años, con una matriz productiva que no logra diversificarse, y en la cual las dos principales se subieron al tobogán y no encuentran una meseta. Petróleo convencional, agricultura con su icónica vitivinicultura en franco descenso.

Foto y slogan también ganan elecciones

En las últimas elecciones, de los cuatro aspirantes a ocupar el sillón de San Martín, los dos de mayores chances se pronunciaron a favor de ampliar la matriz productiva y de volver a incluir a la minería, al menos en el debate. Entre ambas fuerzas, suman más del 80 por ciento de los votos emitidos.

Después de varios intentos fallidos para introducir modificaciones a la ley anti minera, el flamante gobernador Rodolfo Suárez, sucesor de Alfredo Cornejo, ambos del frente Cambia Mendoza, parte del conglomerado Juntos por el Cambio, debutó enviando al congreso provincial el proyecto de modificación de la ley 7.722.

Los puntos neurálgicos: la admisión del uso de cianuro y ácido sulfúrico. La potestad para que los Municipios fuesen protagonistas, y la creación de institutos para dotar de herramientas a los cancerberos del agua.

Todo resumen traiciona la historia, y esta nota no es excepción de la regla. Lo cierto es que esta ley de tratamiento veloz, ley que disolvía a la 7.722 después de 13 años, obtenía apabullante mayoría en ambas cámaras. En una jornada legislativa intensa, una mañana y una tarde bastaron.

Una invisible mayoría en desacuerdo

Aunque el pan radicalismo mendocino ostenta mayoría y no necesitaba del auxilio de opositores, el Frente de Todos prestó su apoyo. Hubo excepciones, pero seguramente sólo para confirmar la regla. La Ley 9.209 quedó sancionada. Ley que además gozaba más que del apoyo, del pedido de las principales cámaras empresariales de Mendoza.

Una de las características principales del tratamiento expreso de la Ley 9.209 fueron la vallas que impidieron el ingreso no sólo a la casa de las leyes sino también a las veredas y calles adyacentes, algo infrecuente en Mendoza, excepto para el Carrusel de las Reinas y la Vía Blanca, caravanas festivas que anteceden al gran Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Esta vez, a diferencia de ese recorrido en el que las reinas departamentales saludan estereotipadamente y arrojan frutas y besos al público, las personas agrupadas tras las rejas itinerantes esperaban otra cosa, no el articulado que decidieron senadores y diputados de Mendoza.

El permiso de uso de cianuro y ácido sulfúrico para el proceso de lixiviación de los minerales es leído como la mayor amenaza para el agua. El uso de agua en proporciones importantes y su actual escasez son los dos argumentos que empujaron a una movilización sin precedentes.

Las falacias y ocultamientos, contaminan

Aunque la 9.209 prevé que estas actividades no podrían realizarse sin licencia social, y se excluían zonas de un riesgo superior (cuencas), además de especificarse que la región que más ha combatido la posibilidad de explotación minera, como es el Valle de Uco y General Alvear, no se vería afectada por la actividad, el descrédito institucional ganó por varios kilómetros a pesar de la rapidez con la que acordaron los legisladores.

La distancia que separa el Sur y Centro provincial con la ciudad capital, lugar adonde se encuentra la adminsitración provincial, sirvió para hacer más elocuente y heterogénea la manifestación. Desde cientos de kilómetros, vehículos algo destartalados compartían ruta y propósito con lujosas camionetas. Algo más singular, aún: pañuelos verdes y celestes convergieron para un mismo reclamo: el agua.

La geografía y el clima pueden aproximarnos a una de las muchas explicaciones posibles. Mendoza, un desierto provisto de algunos oasis, rehúsa de cualquier acción que ponga en riesgo y disminuya su cuota indispensable de agua. Sin embargo, esto no se condice con el uso agrícola -que a la vez también usa algunas de las substancias químicas prohíbidas en la 7.722- y que no consigue hacer un uso eficiente, por razones diversas.

Represión

Las multitudes reunidas frente al palacio de gobierno y otros puntos de concentración, no exhibieron ninguna actitud de violencia pero sí de uniformidad en el reclamo y vehemencia. Y como suele ocurrir, algunos infiltrados y/ó vándalos generaron disturbios para prestarles razones a la represión policial. Respuesta policial con alguna licencia legal, merced a una otra ley reciente. Ley de convivencia. Una tolerancia cero coma cinco, remake tibia de la promocionada por Rudolph Giuliani en Nueva York

Un gobierno apoyado por el 52% del electorado es ahora señalado como el que violó un acuerdo social. A pesar del auspicio de los grandes grupos de poder, incluidos los medios y multimedios, la participación social consternó a propios y extraños. Aunque siempre algunos con el matutino del día después dijeron saber de esta pueblada, nadie imaginó (imaginamos) el tenor de la protesta (por el tiempo que ha ocupado) ni la magnitud de la misma.

Agua bendita

Es justo decir que la Iglesia (católica, local) elevó primero un petitorio para que la legislatura no diera sanción a esta ley sin el verdadero concilio popular, y luego un documento al gobierno en el que se expidió en contra de la sanción de la 9.209, arguyendo que violaba los tres principios rectores (simbólicos y fácticos) de Mendoza, en ambos casos, advertía sobre la posible enemistad social.

Hasta aquí la crónica de una marcha no anunciada. Enorme. Gigante. Incalculada.

El futuro que más se parece al pasado

Despejar dudas de modo contundente es una encomiable pero muy difícil tarea. Después de que el gobernador Rodolfo Suárez anunciara -ahora decimos prematuramente- la proclamación de la ley, a las pocas horas, al advertir cómo algunos de los tenaces y valientes soldados de ayer se convertían no en desertores sino en saltinbanquis en el damero político, prolongó el estado de zozobra y prometió no reglamentar la 9.209. Un no pero quizás, quién sabe.

Esto para ganar tiempo y convocar a mesas de diálogos, fue lo que se especuló. Diálogos que no fueron tales, ya que la posición de ambientalistas y miembros de las asambleas en defensa del agua, solidificaron su férrea posición y no abrieron ni una mínima hendija que permitiese la luz de una prosecución próxima a lo sensato.

Luego, la promesa es la derogación de la 9.209. Los manifestantes mantienen su celosa vigilancia hasta que esto no sea un hecho. ¿Por qué tanta desconfianza? Precisamente porque la confianza, hija de la fe, se sostiene-y profundamente – por una creencia, y ante esa solvente convicción, todo aquello que pretenda ser explicado desde el racionalismo clásico, será rechazado por el escudo de la estadística.

La proximidad física, la similitud fonética, las coincidencias idiosincráticas con Chile, especialmente con su capital, Santiago, introducen un otro temor a la gestión política, y no es para menos.

Filosofía barata pero sobrevaluada

El silogismo: no minería metalífera igual a más agua y siempre pura, sin duda ha sido inspirado por los propios actores de la política que hoy encuentran en la actividad minera la única redención de la maltrecha economía mendocina.

La eterna discusión sobre quién detenta el poder esencial, si es la forma o el contenido, no vamos a dilucidarlo aquí, aunque es la forma lo que precipitó un movimiento inesperado. Llamar al diálogo una vez sancionada la ley que modificaba la columna vertebral de la 7.722 es como poner alarma después de que nos han desvalijado. Es útil, sí. Tardío, también. Más costoso, sin duda.

Huellas incineradas

Las redes sociales, esa atomización de la comunicación de masas, han servido como vínculo informativo junto a escasos medios convencionales, pequeños todos. Y sin dudas, ha sido la herramienta que ha colaborado para la organización, aunque precaria, de cada acto.

Los grandes y pregnantes medios, esos que tienen la capacidad de hacer dudar a las mayorías y que son eficientes vehículos de la propaganda, y voceros de los intereses de sus dueños, quedaron con los índices calcinados por el calor del sol. Aunque está en los primeros manuales de comunicación social, esas páginas suelen arrancarse y olvidarse de tanta ambición comercial inmediata. Persistir en ocultar algo de importante dimensiones es frustrante porque así como el agua cuando abunda inventa sus cauces, la sociedad también.

Los griegos, siempre los griegos

Convencidos de que la verdad, aunque incomode saberlo, es una materia precaria, inestable y a veces efímera, podríamos resumir que el desborde político que vive hoy Mendoza está tipificado por los griegos como una “oclocracia” , cuando es la muchedumbre o la plebe quien gobierna. Afortunadamente entre tanto material que recibimos de ambos lados de esta floreciente grieta, además de repasar la tabla periódica, gracias a un admirado amigo acudí a este término que bien podría describir la actualidad de esta provincia.

Mendoza, provincia situada al Oeste de la Argentina y bastante lejos de su historia de grandeza (cuna de la Libertad del Argentina, Chile y Perú) debate ahora si además de la minería metalífera, no deberá impedir otras actividades en defensa del agua. Hasta ahora entre esas otras, no incluyen a la agricultura. Sin que podamos sostenerlo con pruebas, suponemos que no está contemplado obturar también esta icónica actividad porque gran parte de la protesta y de la intención de cerrarle la puerta definitivamente a la minería obedece a intereses (legítimos) del sector agrícola.

Aguas mansas y aguas malas

Aquellos refranes que aparecieron en el siglo de oro de la literatura española, hoy nos invitan a conjeturar más allá de los elementos con los que contamos. Todo el oro y el cobre que lleva en el vientre la Cordillera de Los Andes, por ahora en Mendoza, no serán paridos. Y algo que contribuye a la indispensable duda periodística. Ha salido una enorme cantidad de personas a manifestarse en contra de la minería. Pero fueron muchos los que hasta ayer hablaban del cambio de la matriz productiva de esta provincia que hoy aporta un lánguido 2,6% al pbi nacional.

Cámaras de servicios mineros; empresas metalmecánicas; gremios como la UOCRA y el Centro Empleados de Comercio. A los que no hemos podido ver, al menos mostrando no sólo intenciones sino los “montos” de las intenciones, es a los supuestos actores de la mega minería. Tanto así que en El Café Diario, Roberto Martínez entrevistó a Taras Nechiporenko, CEO de Minera San Jorge, uno de los grandes proyectos para explotar en la localidad de Uspallata, y él expresa claramente que aquí, en la Argentina, sólo están los representantes legales.

Según expertos constitucionales (quienes me pidieron ocultar sus identidades), ahora la cuestión a la que se debe atender -aunque suene casí absurda- es la ley que deberá sancionar la legislatura provincial para que quede sin efecto la 9.209 que modifica la 7.722. Un aspecto dentro de la semántica jurídica puede ser casi tan vital como el agua. Derogar la ley implica que sus efectos carecen de legalidad pero, a partir de esa derogación. La sanción, siguiendo esta contribución jurídica, debiera ser la abrogación ó anulación, pues de esa manera, no podría tener ningún efecto retroactivo, ya que pudo haber algún proyecto presentado dentro del tiempo de este conflicto (desde que se sancionó hasta que se derogue), y eso le otorgaría algún derecho a la empresa que haya presentado proyecto como para exigir una indemnización al Estado mendocino.

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Imagen del estado de la tierra mientras se realizan trabajos de minería a cielo abierto.

Euforia

Como si se hubiese tratado de una contienda de secesión, las arengas de los que abominan la minería suenan a triunfo inapelable. Y a la vez, muchos asocian la pobreza hídrica de hoy con la posible explotación minera de mañana. Imposible atisbar el futuro, aunque sí podemos aseverar que alguna sustitución al “ideal minero” deberá encontrarse y pronto en Mendoza, antes de quedar ahogados, en llanto. Salud.

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1 thought on “La sed política

  1. Excelente nota de Ariel Robert , aborda todos los acontecimientos de manera veras y objetiva , tal como se fueron suscitando.

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