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La crisis de credibilidad, una oportunidad para los medios alternativos

Los medios independientes responden a la interpretación de la realidad del interlocutor y no a los intereses económicos o políticos impuestos.

Por la Lic. Georgina Marcela Parente (elcafediariopuntocom@gmail.com)

Nos encontramos actualmente frente a una crisis de credibilidad en la comunicación, por la distancia que existe entre la realidad transmitida y la percibida por el espectador, así como por la invisibilización de actores socio-políticos y temas de relevancia social y demandas colectivas.

Podemos situar el origen de esta crisis tras el develamiento del proceso de operatividad de la comunicación, cómplice en causas de terrorismo de Estado ya en los años 70, teniendo enfrente un periodismo funcional a los procesos del estado, que creaba realidades que justificaran los hechos acontecidos, con el fin de generar conciencias adeptas a los mismos, legitimando de este modo el modelo impuesto.

Tras la ruptura de la representación democrática de los sistemas neoliberales y el descreimiento en los medios masivos, en 2001 la ONU convocó a la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información. Sin embargo, paradójicamente, se omitieron temas como la propiedad de los medios, las redes institucionales y la vinculación con los Estados, de modo que fue necesario organizarse, desde las asociaciones  de comunicación, convocando a participar a representantes de medios locales, a fin de establecer estrategias para la inclusión y la pluralidad de los contenidos regionales e internacionales.

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Bartolomé Mitre (diario La Nación), Héctor Magnetto (diario Clarín), Jorge Rafael Videla (presidente de facto) y Ernestina Herrera de Noble (Clarín).

En este contexto, proliferan y se empoderan espacios de comunicación alternativos, aquellos que por ley debieran ser parte del sistema comunicacional, pero en la praxis deben luchar por romper el cerco informativo generado por las relaciones de poder. Estos espacios son considerados independientes, no porque no conlleven una postura ideológica, sino porque responden a la interpretación de la realidad del interlocutor y no a los intereses económicos o políticos impuestos.

Hoy, desde nuestra perspectiva, queremos pensar la comunicación como imprescindible para la colectivización de demandas sociales y la representación en espacios públicos, la visibilización de las temáticas que acontecen en la cotidianidad; además de tener un rol fundamental en la construcción de la ciudadanía, es decir, que la comunicación es una herramienta para el ejercicio de nuestros derechos.

En la actualidad, el cambio de paradigma nos enfoca en el derecho a la información. Ya no sólo como propiedad de los medios y los periodistas a ejercer la libertad de expresión, sino desde el derecho ciudadano a recibir la información así como los entramados de poder de quienes la trasmiten. Poder discernir, elegir e identificarse con diversas perspectivas, aunque para muchas personas la información transmitida aún represente conocimientos incuestionables.

Toda esta cuestión gira en torno de la “objetividad” que prometen quienes pretenden entregar el conocimiento propio como único, veraz e intransgredible, como si se pudiera portar la verdad como conocimiento absoluto. Por fortuna, cada época ha contado con su propio Rodolfo Walsh o Eduardo Galeano para derribar estas teorías, quienes en cada párrafo significan un desafío a la verosimilitud de los contenidos transmitidos, legitimados y homogeneizados.

Cada documento, cada conocimiento, cada discurso, deben ser comprendidos en su contexto, desde el recorte de la realidad que representan. Todos los recortes de la realidad son parciales, esto significa que necesariamente se realizó una selección de los datos a representar y transmitir, quedando por fuera tantos otros. Esta selección reproduce las relaciones de poder y evidencian las posiciones dentro de las mismas. Las fuentes oficiales representan la visión hegemónica y dominante por sobre las alternativas, pero ello no asegura la veracidad.

La realidad es una construcción social a base de las intersubjetividades y la transmisión de los saberes y sus formas. La interpretación de la misma se encuentra altamente relacionada al sistema de significación de cada sector social, así como personal.

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Un tradicional quiosco de diarios y revistas: el cuarto poder -medios de comunicación- es privado, sectorizado y excluyente porque se vende.

En 2009, a fin de reemplazar el decreto 22.285 impuesto por el gobierno de facto de Jorge Videla, como resultado de décadas de investigación y trabajo de profesionales del área, se sanciona la ley 26.522 de Regulación de Servicios Audiovisuales, reglamentada en 2010. La misma busca promover la pluralidad de contenidos y la desconcentración del sistema, democratizando el funcionamiento del sistema y el acceso al mismo. Entre los artículos más importantes de la ley se fija un límite para las licencias de radio y televisión, estableciendo, a su vez, la intransferibilidad de las mismas para impedir su concentración. Además regula los vínculos societarios entre propietarios.

Siendo el Grupo Clarín el más afectado por estas normas, tratándose de un oligopolio que ya acumulaba críticas debido a la polémica adquisición de Papel Prensa, interpuso una medida judicial dejando en suspenso la aplicación de las mismas -se establecía que debía ser en el transcurso de un año-, y, aunque la justicia se pronunció determinando la constitucionalidad de la ley en defensa de la pluralidad y la inclusión, el grupo posee un control que supera ampliamente lo establecido por la ley y, por lo tanto, del contenido que se transmite.

En diciembre de 2015, tras la asunción del nuevo gobierno –Cambiemos– el ente regulador de la aplicación de la ley, en sus formas y contenidos, AFSCA -Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual-, fue intervenido para luego ser disuelto. A partir de entonces, diferentes decretos han ido modificando la legislación, ampliando la cantidad de licencias, permitiendo transferirlas y asociarse.

Además, organismos estatales han determinado la limitación del contenido, impidiendo la transmisión de determinados medios formativos o informativos -como fueran Paka Paka y Telesur-, y negando licencias a medios independientes sin mediar explicación. Asimismo, durante 2016 y 2017 no han reabierto la posibilidad de inscripción en el Fondo de Fomento Concursable.

Los medios alternativos continúan enfrentándose cotidianamente al cerco informativo impuesto por quienes dirigen el rumbo de la comunicación teniendo injerencia en la agenda política, con el desafío de construir el conocimiento colectivamente con quienes lo recepcionan, interpelando la realidad hegemónica, la realidad oficial, la políticamente correcta, la otorgada, la inverosímil.

Sabiendo que el cuarto poder -medios de comunicación- es privado, sectorizado y excluyente, la comunicación, frente a la monopolización de los espacios informativos, se convierte en un movimiento identitario. Pensar en medios tradicionales hoy significa pensar en la privatización de la información, obviando el proceso de transformación que han sufrido el periodismo y las disciplinas sociales.

El mercado hace entonces aparición, encuadrando a los medios privados con la “necesidad” de tener lectores o “consumidores”. En esta línea, tenemos tantas variables de la información como medios hay, y, por consiguiente, tantas versiones de la verdad como medios hay.

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