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Constitucionalidad de la posible expropiación de Vicentín

Tiempo estimado de lectura: 3 minutos El caso Vicentín genera controversia acerca de las chances que tiene el Gobierno de llevar adelante el proceso de expropiación. Qué dice la ley al respecto.

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Tiempo estimado de lectura: 3 minutos

Por Juan Andrés Litwin (juanandreslitwin@gmail.com)

La posible expropiación del conglomerado industrial Vicentín genera controversias grandes en todos los rincones de la sociedad. Se pone en tela de juicio la legalidad y la constitucionalidad de esta herramienta. Si bien el Gobierno parece haber optado por otro camino para garantizar la continuidad de la empresa, no deja de ser importante analizar dichos aspectos.

El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que la propiedad privada “es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella”. No obstante, como todo en el derecho, también contempla una excepción: la expropiación.

Para poder proceder sobre un bien determinado, el mismo debe ser calificado como un bien de utilidad pública mediante una ley expedida exclusivamente por el Congreso. No es viable por un decreto-ley, y el titular debe ser previamente indemnizado.

Figura de utilidad pública

Tal vez, el punto más polémico de la posible expropiación de Vicentín por parte de la administración actual, es el argumento para encuadrar a la empresa dentro de la figura de utilidad pública. El esgrimido por el presidente Alberto Fernández fue “se dedica a la producción de alimentos” y, al estar inmerso en un contexto de pandemia, ese detalle adquiere una relevancia singular.

Gabriel Delgado es economista agrario y doctor en Finanzas.

La ley reglamentaria de la expropiación es la 21, sancionada en enero de 1977 con firma del presidente de facto Jorge Rafael Videla. En ese cuerpo normativo se establece que el Estado Nacional puede actuar como expropiante. Por tal razón, el presidente puede tener la iniciativa en este tipo de casos. Además, marca que la acción expropiatoria puede ser contra cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Vicentín es una persona jurídica privada.

Sobre la expropiación, la misma norma prevé en el artículo 57 la posible ocupación temporánea. Nuevamente, el argumento central es que debe ser por razones de “utilidad pública”, que puede responder “a una necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita”. En ese sentido, ¿el vaciamiento sistemático de Vicentín lo configura? En este supuesto, la medida puede ser dispuesta por la autoridad administrativa.

La expropiación también puede ser llevada adelante ante una “necesidad normal no inminente”. En este caso, quien debe disponerlo, a pedido de parte, es la autoridad judicial. Toda ocupación temporánea tiene una fecha de caducidad: ninguna puede durar más de dos años.

Controversia con la indemnización

El otro punto controversial en toda expropiación se centra en la indemnización, que debe abonarse previamente. Por lo general, el expropiante deposita en consignación un monto determinado por la tasación judicial. Si esto conforma al expropiado, se termina el conflicto.

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Alberto Fernández anunció que Vicentín sería una empresa de utilidad pública.
Después, el proceso se detuvo.

En caso de no existir el avenimiento, comienza una nueva discusión en tribunales, por el valor. Para plantear la disconformidad sobre la indemnización, el interesado tiene un plazo máximo para hacerlo de cinco años.

Acerca del concurso de acreedores

Otro aspecto que genera opiniones encontradas es que Vicentín está en concurso de acreedores y muchas voces se alzan para expresar la incompatibilidad del proceso de expropiación cuando una empresa ya se encuentra concursada. Sin embargo, en la Ley 24.522 de concursos y quiebras, el artículo 21 detalla con claridad cuáles juicios se pueden iniciar en esta situación y cuáles no. Los juicios de contenido de patrimonial en curso quedan dentro del concurso y no se pueden iniciar nuevos. Sin embargo, como antes se explicó, en el derecho todo tiene excepciones y la primera de ellas establece a los procesos de expropiación como una de ellas.

El plan del Gobierno parece ahora haber dado un giro para optar por otro camino. Pero en caso de retomar la opción de la expropiación, la discusión jurídica, legal y legislativa se puede centrar en la declaración de utilidad pública y sus argumentos, ya que aquellos planteados por la administración actual son pioneros en este tipo de procesos.

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