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Por Rebecca Arakelman (elcafediariopuntocom@gmail.com)

Edición: Florencia Romeo (florenciaromeo06@gmail.com)

La conectividad pasó a conformar el eje central de la vida cotidiana de cualquier persona y desde el Gobierno Nacional comandado por el presidente Alberto Fernández aseguran que en Argentina hay una brecha digital alarmante y el conflicto con Telecom no cesa.

Es por eso que el Estado Nacional se propuso declarar a las telecomunicaciones como servicio público esencial y, de esa manera, comenzar a regular o controlar los precios. Primero lo hizo el mandatario a través del DNU 690. Por su parte, el senador Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) complementó la idea con la presentación de un proyecto de ley que va en la misma línea.

Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones consideran que es un error ir por ese camino, ya que de esa manera se generaría una desinversión en Internet.

La realidad es que lo que busca el Enacom es achicar la brecha digital y que las empresas no aumenten sus precios de manera discrecional, sin justificar el incremento y sin autorización. 

«Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que Internet es un servicio público… ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas», había dicho Alberto Fernández.

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El presidente Alberto Fernández en ocasión de la presentación del Plan Conectar, en plena pandemia, uno de los recursos con los que se busca achicar la brecha digital.

El viejo truco de las cautelares

En este sentido, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, otorgó a Telecom Argentina una medida cautelar a través de la cual se suspendieron los artículos 1 al 6 del DNU 690/2020 que habían declarado como Servicio Público Esencial a las telecomunicaciones. Y en los últimos días, la Justicia prorrogó por 6 meses la misma medida cautelar.

Telecom argumentó que «es palmaria la inconstitucionalidad de un DNU que no es necesario ni urgente» y sostuvo que no se dan los presupuestos legales para la calificación como servicio público de una actividad privada libre que se realiza en condiciones de competencia. 

Para la empresa, el DNU desconoce los derechos de propiedad de los licenciatarios y destruye la mínima seguridad jurídica necesaria para brindar un horizonte de previsibilidad a servicios que exigen de permanentes y millonarias inversiones para funcionar.

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Telecom, del grupo Clarín, se opone a que Internet sea declarado servicio público.

Los números de la brecha digital de Argentina

Solo un 30% de las localidades argentinas cuentan con opción de acceso por fibra óptica. Además, hay una disparidad evidente en la penetración de Internet fijo en los hogares: mientras en la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje es 105,98 en Corrientes es de 38,73, en Catamarca es de 37,62, en Chaco es de 37,48 y en Formosa es de 30,23.

Hay siete provincias donde más de un tercio de los estudiantes de primaria no tiene acceso a internet en su hogar: en Santiago del Estero el 40,7%; Formosa, 37,7%; San Juan, 36,1%; Catamarca, 35,0%; Misiones, 35,0%; Chaco 33,5% y Corrientes, 33,3%.

Hay cuatro provincias que están por debajo del 40% de acceso fijo: Formosa con 32%; San Juan, 36%; Santa Cruz, 37% y Mendoza 39%.

Solo un 30% de las localidades argentinas cuentan con opción de acceso por fibra óptica.

Lo que dice el DNU 690

Se explicó que se declaraba como «servicios públicos» a la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión por cable, para impedir aumentos en el contexto de pandemia y garantizar el acceso a la población.

Es decir, las tres prestaciones mencionadas pasarían a ser consideradas necesarias y fundamentales para el desarrollo económico y social de la población porque «ante la falta de los mismos, la seguridad, la salud o el bienestar de toda o parte de una comunidad estaría en peligro o seriamente perjudicada».

El Gobierno además, a través del DNU, buscaba una herramienta «fiable y universal a los servicios en unos marcos normativos que prevean la rendición de cuentas» ya que el suministro de calidad de estos representan «una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza».

La normativa también obligaba a presentar la PBU (Prestación Básica Universal) con planes de bajo costo para «que haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen» y brindar «el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación».

Finalmente, el DNU buscaba «como finalidad general procurar la atención de las necesidades que originan prestaciones dirigidas a los particulares, individualmente o en su conjunto, que son de interés público y sirven al bien común y de índole tal que imponen que ellas deban ser, en un lugar y tiempo dados, asumidas por el Estado».

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