Correo Argentino S.A.: el final de una estafa

Tiempo estimado de lectura: 5 minutos Macri pretendió enjuagar la deuda de Correo Argentino SA, empresa de su Grupo, con el Estado. Historia de una estafa y sus imputados.

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Por Carla Arakelian (elcafediariopuntocom@gmail.com)

El caso del Correo Argentino viró en escándalo a mediados de 2016, cuando se conoció que el Estado le condonaba una deuda a la empresa. La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en Investigaciones de la Procuración (DAFI) indicó que el acuerdo mediante el cual Correo Argentino pagaría su deuda significaba una quita del 98,87%, unos AR$ 4.656.446.226 que como agravante se terminarían de pagar en 2033, cuando el monto equivaliera a AR$ 70.000.000.000.

Pocos días después, el entonces flamante presidente, Mauricio Macri, relacionado directamente con la empresa, se vio obligado a hablar del asunto en público. La bomba había explotado.

Pinocho 3.0

Jaime Durán Barba, en aquel momento, principal asesor de comunicación de Mauricio Macri y la cúpula directiva de Cambiemos, diseñaron el guión de la respuesta pública. Desde el Poder Ejecutivo insistieron con que no estaban al tanto de las negociaciones que mantenía el Estado con Correo Argentino S.A., y el presidente intentó mostrarse sorprendido por la noticia.

Durante una conferencia de prensa, Macri prometió que el caso volvería a «foja cero». «(Oscar) Aguad actuó conforme a la ley (…) faltó de mi parte generar mecanismos de control», se justificó el primer mandatario y defendió a su funcionario: «el ministro tuvo la buena intención de resolver un conflicto que tiene 14 años».

Fue en 2001 cuando Correo Argentino S.A., propiedad de Grupo Macri entró en concurso preventivo con conflictos para pagar sus deudas, principalmente la contraída con el Estado argentino. Entre 2003 y 2015, la empresa hizo varias ofertas para saldar sus cuentas pendientes pero en todas las oportunidades fueron rechazadas porque se consideró que cada propuesta era perjudicial para las arcas estatales.

Sin embargo, en 2016 todo cambió. Mauricio Macri, tras 7 meses en la presidencia, supuestamente no estaba al tanto de las conversaciones que mantenía Oscar Aguad, entonces titular del Ministerio de Comunicaciones (luego devenido en ministro de Defensa), con empresarios y abogados de Correo Argentino S.A. para arreglar las cuentas y saldos que mantenía la empresa desde hacía más de una década. ¿Cuál era la particularidad tras la negociación? El Grupo Macri había tenido la concesión de Correo Argentino S.A., el entonces presidente había sido su titular, y amparándose en la jerarquía de su cargo, ahora buscaba la manera de enjuagar la deuda.

Imputaciones a granel

Como consecuencia de esas reuniones, Aguad está imputado. Se le investiga por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. A él y a Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos, quien puso la firma en ese acuerdo.

Fue después de que el juez federal Ariel Lijo diera lugar al pedido de citación del fiscal Gerardo Pollicita porque consideran que hubo «un pacto espuriamente concebido» para «beneficiar a la empresa». Y aunque Macri dijo que no sabía nada, él también está imputado. La cantidad de documentación que implicaba a ambos funcionarios en el saqueo al Estado, estaba en poder de la Justicia.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) reveló encuentros y cómo Juan Mocoroa le anticipaba en reiteradas oportunidades a Oscar Aguad por escrito lo que iba a ofertar el Correo. Y le pedía instrucciones.

El detalle asombra. Después de 17 años de ofertas rechazadas, el 11 de marzo de 2016 se reúne el secretario de Tecnologías de la Información, Héctor Huici, con el titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa. El 14 de abril se vuelven a juntar, pero se suma Mocoroa, quien al mes se presenta en la causa para asumir la representación estatal. El 23 de mayo le anticipa a su jefe Aguad que la empresa hizo una oferta. Una oferta que él ya sabía que existía, pero que en los hechos se presentó dos semanas después. En la audiencia, la empresa ofrece 15 cuotas y 7% de interés, y es rápidamente aceptada por el representante estatal. Apenas dos años atrás con otro Gobierno, Correo Argentino S.A. había hecho una oferta muy similar que el Estado rechazó por inadmisible: 19 cuotas y 6% de interés.

Aguad y Mocoroa fueron citados para ser indagados por la causa penal. También lo hicieron el titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa y el abogado patrocinante, Jaime Kleidermacher, porque se les considera partícipes.

En el medio, también ha sido imputada por la Justicia la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso -ex diputada del PRO- por una resolución en la que desvinculó a Mauricio Macri de la Causa. Se la investiga por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de la justicia.

Más barro

A casi dos años del escándalo mediático, en septiembre de 2018, Correo Argentino insistió con una oferta similar a la última. Le sumaba «mejora de plazo y monto» y un reconocimiento adicional. Mauricio Macri se excusó de intervenir en cuestiones relacionadas con la firma Correo Argentino S.A.. Le entregó la prerrogativa a la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti y al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Al mes, rechazaron por decreto un recurso que interpuso la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para no cerrar la investigación por las actuaciones de Oscar Aguad. Los abogados del Estado dieron «por clausurado el sumario administrativo». El Decreto dice que los letrados en representación del Estado Nacional lo hicieron conforme a expresas instrucciones del entonces ministro de Comunicaciones, por lo que sus conductas no generaron responsabilidad administrativa que les sea reprochable.

Además, respecto de «la quita», el entonces Poder Ejecutivo comandado por Macri estimó que «si una actividad jurisdiccional no llegó a producirse, mal puede reprochársele a quienes llevaron adelante el cumplimiento de una instrucción dada por la superioridad o violación de las normas valoradas, por lo que la conducta desplegada por los letrados no importó violación». Los alegatos parecen más una confesión que una defensa.

Los funcionarios, incluidos el presidente, no pudieron sortear ninguna de las tres causas. Resta esperar la situación de Mauricio Macri, quien no fue llamado a indagatoria. La que se abrió y se cerró en la OA tuvo como resultado una imputación a Laura Alonso; y la investigación en la PIA, si bien fue cerrada por decreto, echó más luz que sombra.

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Oscar Aguad (izqda), el encargado de representar los intereses de Mauricio Macri (der) en la negociación para la condonación de la deuda del expresidente y su Grupo con el Estado.

En todo está él

Pero la causa comenzó a tener giros tras el cambio de gobierno. Ahora Carlos Zannini, Procurador del Tesoro, pidió la intervención de Correo Argentino S.A. y el desplazamiento de todos sus administradores hasta que concluya el proceso de salvataje o cramdown, que podría ser la antesala de su quiebra, ya que se trata de una convocatoria para que se postule alguna empresa para comprar sus acciones y activos.

Zannini advierte que el Estado “ve disminuida día a día la posibilidad de satisfacer su acreencia, ya sea por la progresiva licuación del crédito, como por la pérdida de activos con los cuales esa acreencia debe ser satisfecha”.

Si fracasara el cramdown, el paso siguiente sería la quiebra, que la debiera asumir la controlante Socma que posee las acciones de Sideco, perteneciente al conglomerado de empresas de quien fuera máxima autoridad política del país entre 2015 y 2019. ¿Por qué? Porque todos los caminos conducen a Grupo Macri.

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