Chile, del éxtasis a la amargura

Tiempo estimado de lectura: 4 minutos Tras el estallido social de 2019, la ciudadanía chilena vuelve a tomar las calles para pedir medidas de acción contra la crisis económica frente a la pandemia.

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Por Daniel Alejandro Vásquez (danielalejandro.vasquez02@gmail.com)

Durante los últimos 20 años la estabilidad económica de Chile ha sido admirada por la mayoría de los países de la región. La inversión extranjera, la baja tasa de inflación, la modernización constante, sus niveles altos de estabilidad, y el crecimiento sostenido de su producto interno bruto, lo habían llevado a ser una nación puesta como ejemplo en materia económica.

Con 29 Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes con 64 mercados, el país trasandino cuenta con la ventaja de tener el 30% de los recursos cupríferos (cobre) mundiales, siendo éste su producto principal de exportación. Además, a partir de 2017 ha liderado los mercados del sector primario (frutas y productos del mar) para confirmar su competencia con mercados a nivel global.

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Imagen del estallido social de 2019.

Un poco de historia

El Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973, perpetrado por el entonces Comandante en Jefe Augusto Pinochet Ugarte, es el punto de partida del modelo neoliberal chileno. Avalado por el gobierno de facto, se basaba en reformas que daban paso a una economía de libre mercado, caracterizada por fuertes reducciones del gasto público, ausencia de un estado regulador y libertad para las inversiones extranjeras.

Toman protagonismo entonces Los Chicago Boys, un grupo de jóvenes economistas liberales discípulos de Milton Friedman. Estos estudiantes, becados en el departamento de economía de la Universidad de Chicago, fueron pilares importantes en el llamado milagro chileno. Las reformas de liberalización fueron adoptadas por diversos gobiernos y regímenes totalitarios en América del Sur.

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Manifestante enfrenta un vehículo blindado policial.

En 1985, en la segunda etapa del modelo, se flexibilizaron las políticas económicas, se aceleró la privatización de empresas estatales y servicios sociales. Con la llegada de la Democracia en los años 90 se pensó en un quiebre con el antiguo orden. Pero el modelo, aún con sus problemas, se consolidó hasta la actualidad.

No todo lo que brilla es oro

La desigualdad social generada por las medidas liberales era un secreto a voces. Todas las medidas impuestas, desde el salario mínimo hasta la privatización de servicios esenciales, pasando por el sistema de Educación y de Salud, han tenido a la inequidad como denominador común, generando una distribución de la riqueza muy dispar. Y esa es la principal crítica. Chile crece, pero no reparte.

Así las cosas, la disposición de un nuevo aumento en el boleto del metro, el 18 de octubre de 2019, fue la gota que rebalsó el vaso. Bajo la arenga «no son 30 pesos son 30 años», la ciudadanía se volcó a las calles. Y ese podría ser el título de la actual crisis de gobernabilidad que vive el país vecino. El bastión del modelo económico chileno, infranqueable en apariencia, tenía filtraciones.

El estallido social que se desató en los últimos meses de 2019 desnudó las fallas de un modelo económico que agonizaba en las cuerdas pidiendo tiempo. El gobierno de Sebastián Piñera, el mismo que en su primer mandato había rescatado a los 33 mineros, fue sobrepasado por la situación. El mandatario comenzó a perder apoyo, hasta llegar a tener sólo un 6% de aprobación.

Como las manifestaciones sociales no daban tregua, el Gobierno decreta toque de queda y el personal militar sale a la calle. El punto álgido de la revuelta social se vive el 25 de octubre, cuando un millón de personas, frente a los ojos del mundo, se manifiestan en el centro de la capital. El movimiento toma forma y comienza a exigir una nueva constitución con participación ciudadana.

Pasado un mes del inicio de la revuelta y producto de las presiones de diferentes sectores, Piñera ratifica el inicio de un proceso para establecer la nueva Carta Magna y anuncia un plebiscito para octubre de 2020. Episodio histórico desde la vuelta a la Democracia. La ciudadanía gana así la primera batalla.

Otro golpe al modelo

Con el final (momentáneo) del estallido social producto de la pandemia por el COVID-19, teniendo en cuenta los 34 fallecidos, las denuncias innumerables de violación a los derechos humanos, las más de 400 personas con daños oculares y con una acusación constitucional, la figura del presidente ya no es ni la sombra de lo que fue en su primer mandato.

Por otro lado, el sistema actual de pensiones AFP (Administradora de Fondos de Pensiones), nacidas en Chile bajo un decreto de ley en noviembre de 1980, también está en jaque. El principal gestor de estas instituciones privadas fue el ministro del trabajo de aquel entonces José Piñera, hermano del actual primer mandatario.

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Protestas en Santiago de Chile a fines de 2019.

Este sistema de capitalización individual consiste en que cada trabajador tiene una cuenta de ahorro personal administrado por una AFP. Estos organismos, por ley, deben invertir ese dinero en el mercado financiero de forma que estos ahorros generen rentabilidad en el tiempo. Las deficiencias en el funcionamiento de este sistema han generado rechazo absoluto de la población, que espera un cambio en ese sentido.

La reacción tardía del gobierno frente a la pandemia ha generado otra crisis. Con una población en cuarentena y sin ayuda estatal, nuevamente se tomaron las calles. Ya con una ciudadanía empoderada que se ha despojado de todo miedo.

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Imagen del estallido social de 2019.

¿Consecuencias? Además de haber sido aprobada una ayuda en alimentos y bonos a los sectores más vulnerables, el 7 de julio, con la mayoría del oficialismo en contra, se aprobó en las dos cámaras legislativas un proyecto de ley que permite retirar el 10 % de los fondos radicados en las AFP, para hacerle frente a la pandemia. Un nuevo remezón a la élite económica de Chile.

Actualmente, mientras está activo el trámite para girar el 10% de los fondos de pensiones, se espera una gran convocatoria para el plebiscito del domingo 25 de octubre, en el que se votará «rechazo» o «apruebo» a una nueva Carta Magna.

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