El caso del jubilado Jorge Ríos, frente al juicio por jurados

Tiempo estimado de lectura: 3 minutos

Por Juan Andrés Litwin (juanandreslitwin@gmail.com)

El jubilado Jorge Ríos ha sido acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego por la muerte de Franco Martín Moreyra, uno de los cinco asaltantes que ingresaron a su domicilio en Quilmes. Si la causa avanza, será juzgado en un juicio por jurados.

Así lo establece el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires en el artículo 22 bis. Solamente el imputado en persona puede renunciar a esta posibilidad.

El debate jurídico

El caso ha instalado el debate acerca de si el jubilado debe o no recibir una condena por parte de la justicia. El debate jurídico girará en torno a establecer los hechos de forma correcta, ya que en el derecho penal se debe llegar a una verdad real y no jurídica.

Una vez establecida de forma fehaciente la secuencia, se verá si se trata de un homicidio o una legítima defensa, si existió un exceso, o si actuó bajo una emoción violenta retardada.

Mandato constitucional

El juicio por jurados proviene de un mandato constitucional establecido en el artículo 24: «El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados».

En nuestra Carta Magna también se hace mención expresa en el artículo 25 inciso 12 y en el 118: «Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución«.

Juicio por jurados

El tribunal popular estará integrado por 12 titulares y 6 suplentes, que deben presenciar todas las audiencias del debate. Serán los encargados de determinar la culpabilidad o no del imputado. Su análisis se debe basar pura y exclusivamente sobre los hechos y no el derecho, que será potestad del juez de la causa.

Los jurados no pueden ser procuradores, abogados, escribanos, dirigentes de partidos políticos, empleados del poder judicial provincial o nacional, miembros o personal retirado de las fuerzas de seguridad. Personas que desempeñan un cargo público por elección popular, o son ministros de culto, entre otros impedimentos.

Antecedentes del caso

Lino Villar Cataldo es el médico que mató de cuatro tiros al ladrón Ricardo ‘Nunu’ Krabler, que intentó robarle el auto en 2016. Cataldo fue declarado no culpable en un juicio por jurados.

Patricia Bullrich, que era ministra de seguridad en ese momento, celebró el fallo en la red social Twitter: «El jurado popular absolvió al médico Villar Cataldo: es un verdadero acto de justicia. Desde el primer día sostuve que el Estado lo iba a cuidar, y este fallo da cuenta de que estamos acá para proteger a la víctima, no al victimario«.

Otro antecedente en causas similares a la de Ríos, es el caso del carnicero de Zárate, también de 2016. Daniel Oyarzún fue asaltado en su carnicería por dos hombres, que tras disparar varias veces en el local, se llevaron 5 mil pesos.

Oyarzún persiguió a los delincuentes en su auto y embistió a la moto en la que escapaban. Como resultado de esto, uno de los asaltantes, Brian González, falleció unas horas más tarde en el hospital.

El carnicero fue procesado por el fiscal por exceso de la legítima defensa y los representantes de la familia de González pidieron una pena por homicidio simple. Después de tres audiencias, el jurado popular lo declaró no culpable.

Justicia por mano propia

Este tipo de causas vuelven a poner de relieve varios interrogantes. El primero tiene que ver con el rol del Estado para garantizar la seguridad de sus habitantes. Una parte de la sociedad, que percibe su ausencia, decide armarse.

La segunda es el mensaje que deriva de estas causas. Si los jurados populares deciden la no culpabilidad de los imputados juicio tras juicio, y no se les otorga una pena de ningún tipo, la sociedad avala la justicia por mano propia.  

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